El Presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, informó en conferencia de prensa junto a las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, sobre crisis presupuestaria que atraviesa el Órgano Judicial, ha llevado a esta instancia a tomar una decisión drástica: abandonar la Comisión 898 de seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia y declararse en estado de emergencia.
A invitación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional durante seis horas se debatieron en mesas de modificaciones a la Ley 025, en la cual el Órgano Judicial hizo pública su postura de emergencia financiera y su firme decisión de no continuar participando en un proceso que consideran carente de seriedad y compromiso con la justicia.
El presidente del Consejo de la Magistratura informó que el Órgano Judicial es parte de la Comisión 898 con el propósito de reformar la Ley del Órgano Judicial y la aprobación de un Código de Ética. Sin embargo, la falta de un presupuesto adecuado ha sido un obstáculo insuperable. “Durante las discusiones, se subrayó la necesidad de un presupuesto mínimo para garantizar el funcionamiento básico de la justicia, ya que, sin recursos, ninguna reforma será viable”, dijo Baptista en conferencia de prensa.
Emergencia Presupuestaria
Por su parte el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, dijo que la situación financiera actual es insostenible. “La emergencia presupuestaria fue la principal razón por la que dicidimos abandonar la Comisión 898. Actualmente, el Órgano Judicial enfrenta un desfase de 140 millones de bolivianos en comparación con el presupuesto del año pasado. El presupuesto del sector justicia debe garantizarse de manera constante y no depender de asignaciones extraordinarias cada año”, dijo la autoridad judicial
La Máxima autoridad del Órgano Judicial enfatizó que “No podemos hablar de reformas normativas si no tenemos un presupuesto que nos garantice por lo menos el funcionamiento del Órgano Judicial,”, dijo Saucedo.
Por su parte el Presidente del Tribunal Agroambiental, Cristian Mendez, sostuvo que el Órgano Judicial ha expresado su firme postura de que el presupuesto es esencial para asegurar la independencia judicial. “La solicitud es clara: un mínimo del 3% del presupuesto del Estado debe ser destinado al funcionamiento básico del sistema judicial, tal como lo establece la ley. Este requerimiento no es una solicitud arbitraria, sino una necesidad para garantizar que la justicia funcione de manera adecuada y accesible para la sociedad boliviana”.
“El presupuesto no es un capricho del Órgano Judicial o de sus autoridades, sino una garantía para que la sociedad tenga una justicia adecuada a sus necesidades,” señalo la autoridad del Tribunal Agroambiental.
Declaratoria de Emergencia
En la conferencia de prensa en conjunto, las tres instancias del Órgano Judicial —el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental— emitieron su declaratoria de emergencia presupuestaria y se solicita al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia una intervención urgente para asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema judicial.
EL presidente del TSJ informó que se enviará un oficio al Presidente del Estado, solicitando la canalización de recursos a través del Ministerio de Economía, con el fin de salvaguardar la situación crítica de la justicia.
Durante la Conferencia de Prensa el Presidente del Tribunal Agroambiental dijo que este requerimiento no solo es una exigencia interna, sino que también está respaldado por estudios internacionales. “En el libro Diálogos plurales para la transformación de la justicia en Bolivia, auspiciado por Naciones Unidas, pone de manifiesto la necesidad de una asignación presupuestaria mínima del 3% para el Órgano Judicial. Este estudio destaca que el presupuesto es un claro indicador de la voluntad política del Estado, y la asignación de recursos a la justicia es una prioridad que refleja el compromiso con la independencia judicial”, sostuvo la autoridad.
De acuerdo con los estándares internacionales y las recomendaciones de organismos de derechos humanos, los Estados deben asegurar un presupuesto estable para las entidades del sector justicia, incluyendo el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública. La reducción o falta de asignación presupuestaria es vista como una amenaza a la independencia judicial.
Por su parte el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia sentenció que a pesar de su salida de la Comisión 898, el Órgano Judicial no ha renunciado a su propósito de lograr una transformación estructural del sistema judicial. Sin embargo, considera que esta comisión ya cumplió su ciclo y que es necesario adoptar una nueva forma de gestionar y administrar la justicia en Bolivia.
El Órgano Judicial seguirá insistiendo ante los ministerios y otros sectores del gobierno para resolver la crisis presupuestaria y garantizar que el sistema judicial pueda funcionar con los recursos mínimos que requiere para atender las necesidades de la sociedad.
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